- México destina 2.9% del PIB a salud. Para alcanzar el 100% de la cobertura universal en salud, en solo 13 intervenciones básicas, requeriría 5.1% del PIB.
- 21% del ejercicio presupuestal destinado a servicios de salud (PEF 2018) pertenece a programas que no han reportado información de sus resultados.
El centro de análisis Gestión Social y Cooperación A.C (GESOC) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C (CIEP), presentaron el estudio “Derecho Universal a la Salud en México: análisis de cobertura y costos 2018”, mediante el cual se pueden identificar los grandes retos que deben enfrentar el gobierno y la sociedad para alcanzar el Derecho Universal de Salud, como: reforzar la rectoría y liderazgo en las instituciones de salud; asignar recursos a programas a partir de resultados en diseño, fiscalización y transparencia; hacer más eficientes los recursos e invertir más en el sector salud.
Existe una relación positiva entre la esperanza de vida de la población y el Derecho Universal a la Salud. La evidencia de 153 países para el periodo 1995-2008, muestra que un incremento del 10% en gasto gubernamental en servicios de salud está asociada a una reducción promedio en la mortalidad de niños de menos de 5 años de 7.9 muertes por mil individuos. Y en adultos una reducción de 1.6 (mujeres) y 1.3 (hombre) por cada 1000.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en el artículo 4° el derecho a la salud, sin embargo, la población que cuenta con afiliación a los servicios de salud es de 76%
Este estudio analizó 22 indicadores de servicios públicos de salud para valorar el cumplimiento del Derecho Universal a la Salud. Los hallazgos de este análisis muestran que los indicadores son inconsistentes y no están armonizados entre las dependencias que otorgan estos servicios ni con los programas correspondientes, lo cual dificulta el monitoreo de avances y cumplimiento.
De acuerdo con el indicador de cobertura de salud de la OMS, México en 2015 presentaba un valor promedio de 76%. Uno de los hallazgos de este estudio señala que brindar este porcentaje de cobertura, únicamente en 13 intervenciones que la OMS califica como esenciales (en servicios de salud materna e infantil, enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles y prevención) hubiera representado, en 2016, un gasto de $646,198 millones de pesos (3.2% del PIB), cuando ese año a salud solo se le asignaron $599,742 millones de pesos (2.9% del PIB). Una cobertura al 100% requeriría un gasto de $1,019,153 millones de pesos (5.1% del PIB).
En el estudio también se analizaron 14 programas presupuestales correspondientes a la clasificación “Función Salud”, del Presupuesto Federal de Egresos 2018, de donde se encontró que el 21% del ejercicio presupuestal destinado a servicios de salud pertenece a programas que no han reportado información de sus resultados (Matriz de Indicadores de Resultados) a la que están obligados, en este caso se encuentra el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); por lo que no es posible conocer plenamente su desempeño ni población objetivo a la que atienden.
Se destaca que existen programas con “Alto Potencial de Desempeño” y un buen diseño que, en años recientes, reportan cumplimiento adecuado en sus metas, pero que no cuentan con recursos suficientes para alcanzar a cubrir su población objetivo potencial como son: Prevención y Control de Enfermedades ISSSTE, que ejerce 4,109,545,636 pesos, o Fortalecimiento a la Atención Médica de la Secretaría de Salud que ejerce 901,048,341 pesos. Mientras que otros con calificación de “Nula Certeza”, como FASSA, cuentan con 93,385,757,549 pesos del PEF 2018.
En ese sentido, el estudio permite generar una recomendación sobre la asignación de recursos: que se asignen a los programas que demuestren resultados y transparencia de su gestión, con potencial de ampliar su cobertura y que atiendan a la mayor proporción de derechohabientes (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular).
Consideraciones sobre la salud como prioridad para el gobierno
En el caso de México se analizaron los principales gastos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 correspondientes a $5,335,689 millones de pesos (22.9% del PIB), en orden descendente se tiene que el país priorizó Combustibles y Energía (18.1% PEF), Protección Social (16.9% PEF ) Participaciones Estatales (15.4% PEF), Educación (13.5% PEF), mientras que el gasto en salud cuenta con 10.9% del PEF.
Por lo anterior es factible comentar que el Estado mexicano y sus instituciones no han considerado al sistema de salud como una prioridad, lo cual queda demostrado en tres rubros revisados con el presente estudio: una débil rectoría del sector; el diseño de políticas públicas (programas con indicadores consistentes y cuantificables vs. asignación de recursos); y el tema de presupuestal.
Metodología
El estudio se centró en tener un panorama amplio y actualizado de la política de salud pública en México partiendo de la aspiración a garantizar el Derecho Universal a la Salud establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Análisis previos se han enfocado en problemas como la fragmentación de la provisión de servicios y su financiamiento, dejando de lado temas sustantivos como la brecha entre cobertura actual y cobertura deseada. De esta forma, el análisis se realizó en tres pasos: 1) un apartado conceptual sobre qué es el Derecho Universal a la Salud (DUS[1]) y sus componentes; 2) una estimación de la brecha económica y de cobertura en la provisión de salud; y 3) qué tan alineados se encuentran los programas federales de salud para establecer el DUS, es decir, cuál es su desempeño actual.
Los 22 indicadores para valorar el cumplimiento del Derecho Universal a la Salud fueron: Planeación familiar; Embarazo y cuidado prenatal; Vacunas infantiles; Tratamientos infantiles; Tratamiento de tuberculosis; Tratamiento VIH; Prevención de paludismo; Agua potable; Hipertensión; Diabetes; Cáncer cervicouterino; Cáncer de mama; Cáncer de próstata; Depresión; Acceso hospitalario; Unidades médicas por cada 1 000 habitantes; Densidad de trabajadores de la salud; Acceso a medicinas del cuadro básico; Porcentaje de la población con alguna forma de aseguramiento médico; Proporción de asuntos recibidos en la CONAMED por inconformidades médicas; Quejas sobre el derecho a la protección de la salud, recibidas en los organismos públicos de derechos humanos; y Porcentaje del gasto corriente monetario trimestral de los hogares en cuidados de la salud respecto al gasto corriente total por deciles de hogares.
Los 14 Programas Presupuestales de la “Función Salud”, del PEF 2016, se analizaron con herramientas tomadas del Índice de Desempeño[2] de Programas Públicos Federales (INDEP) elaborado por GESOC[3], la metodología de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para clasificar su desempeño en seis categorías de “Óptimo” (el más alto) hasta “Nula Certeza” (el más bajo).
[1] El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las naciones Unidas (CDESC) considera que el derecho a la salud abarca toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el nivel más alto posible de salud, e incluye los derechos a: la salud materna, infantil y reproductiva; la higiene en el trabajo y del medio ambiente; la prevención y tratamiento de enfermedades; y al acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud. Cada uno de los cuales cuenta con sus propios indicadores para poder medir sus avances o estancamientos.
[2] Se entiende por desempeño observar si un programa presupuestario: establece con claridad sus objetivos y su alineación con la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados (referente para su seguimiento y evaluación); identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, actividades e insumos para producirlos; incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
[3] http://www.indep.gesoc.org.mx/desempeno
